A inicios de abril el proyecto de la nueva Ley de Minería en Bolivia generó jornadas de protesta en todo el país. Los cooperativistas se movilizaron rechazando el artículo 132 de la nueva legislación, que establece que todo contrato que realicen las cooperativas tiene que ser previamente aprobado por la Asamblea Legislativa en un plazo de 90 días, y el artículo 151 que restringe la capacidad de las cooperativas mineras de hacer contratos con empresas privadas, nacionales o extranjeras, respectivamente.  

La Federación de Cooperativas Mineras (Fencomin) comandó las jornadas de bloqueos y manifestaciones, que se prolongaron durante los primeros días de abril. Desde el gobierno la posición fue firme, anunciando que no se daría marcha atrás en los artículos en cuestión, pues resulta imperativo regular las actividades de las cooperativas mineras.

En el caso del artículo 132, la propuesta de los mineros es que el legislativo tenga un plazo de 90 días para aprobar los contratos con las cooperativas, pasado el cual las cooperativas tendrían carta libre de empezar sus operaciones inmediatamente, con o sin aprobación del Congreso, aplicando una suerte de silencio administrativo positivo. Sin embargo, el gobierno propone que no existan plazos para la aprobación de contratos con el sector.

En el caso del artículo 151, la norma propuesta busca evitar que empresas transnacionales exploten recursos escudadas en el cascaron de cooperativas mineras, situación que surge cuando las cooperativas arriendan sus títulos mineros a privados que operan como tales pero al amparo de la concesión de la cooperativa titular.  

De acuerdo a ley existe la modalidad de contratos de asociación compartida con privados vinculados al rubro de minería. Sin embargo, el margen de ganancia para las mineras es pequeño ya que las utilidades se reparten en un 55% para el estado y un 45% para la empresa. Por ello, algunas empresas privadas han optado por asociarse con cooperativas mineras para mantenerse al margen de esta legislación y asegurar su tasa de ganancia. Por su parte, la cooperativa recibe un ingreso por ceder su concesión, sin participar en realidad en el proceso productivo.

Para los mineros este es el menor de los problemas que afecta al sector, argumentando que solamente alrededor de 20 cooperativas de las más de 1600 que existen se encuentran en esta situación. Afirman que las cooperativas se sostienen en los contratos de servicio cuando los precios de los minerales bajan, puesto que solos no podrían hacer frente a costos elevados de explotación y procesamiento.

A mediados de abril el gobierno del Presidente Morales acordó redactar de manera conjunta con la Fencomin una nueva versión de la ley, terminando así con las jornadas de protesta y los bloqueos de carreteras. Sin embargo, el ejecutivo puso como condición no volver a foja cero ni dar un paso atrás con respecto al artículo 151. El resultado fue una nueva redacción de la ley a finales de abril en la que el gobierno se comprometía a destinar recursos para el desarrollo de las actividades del sector, es decir, Comibol tomaría un rol central en el financiamientos de actividades que antes realizaban terceros.

Políticamente el Presidente Morales salió bien librado de esta maniobra, al saber utilizar los argumentos de la intrusión de corporaciones extranjeras en el sector de la minería para desacreditar a las cooperativas.

Sin embargo, existen críticas a la norma que no buscan, necesariamente ponerse del lado de las cooperativas. Por ejemplo, el experto en minería Guillermo Cortez se pregunta si la Comibol está en capacidad de asumir los contratos que ahora quedan restringidos para las cooperativas. Por otro lado, observa que al ser la Comibol quien capte la totalidad de contratos no abre un debate sobre si las cooperativas deben pagar un impuesto sobre las utilidades, una línea de discusión viable si se tenía de por medio a las mineras privadas asumiendo contratos de servicios.