Cuando se trata de política minera, es difícil hallar consensos al sur del Ecuador. El gobierno Peruano anunció la semana pasada un paquete de medidas para dinamizar la inversión luego del pobre desempeño económico en los dos primeros cuartos del año. El paquete consiste en una serie de medidas que, entre otras cosas, limita la capacidad de supervisión y sanción del Ministerio del Ambiente, así como restituye contratos de estabilización tributaria de 12 a 15 años.

No es sorpresa que el sector privado haya abrazado la noticia con un medido entusiasmo, pero con la confianza de que el congreso aprobará estas medidas. En el otro extremo se encuentran las organizaciones de la sociedad civil, que han criticado el impacto directo que las reformas tienen sobre las funciones del Ministerio de Ambiente. Para empezar, la propuesta debilita a la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que solo podrá multar excepcionalmente y por un valor máximo del 35% de las multas actuales. Similarmente, el Ministerio ya no tendrá capacidad de crear Zonas Reservadas o establecer estándares de calidad de aire (funciones reasignadas al Consejo de Ministros con la indicación expresa del potencial impacto negativo para la economía que tienen estas restricciones). Del mismo modo, se ha dado a los oficiales ambientales plazos extremadamente cortos para verter opinión sobre los estudios de impacto ambiental, que serán aprobados si los funcionarios fallan en sus plazos.

Chile es otro país minero que enfrenta los mismos retos cuando se trata de atraer inversiones. Por ejemplo, el Servicio de Evaluación Ambiental chileno informa que son US$ 10 mil millones de inversión trabados a raíz de cuestionamientos de comunidades indígenas a través del Convenio 169 de la OIT. 

Sin embargo, la respuesta del país del sur no podría ser más distinta a la de su vecino del norte. Es así que la administración de Michelle Bachelet recientemente aprobó cambios en el reglamento de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), consolidando el papel del instrumento de gestión ambiental en un rol clave para las políticas públicas de ordenamiento territorial. 

Lo curioso es que, al parecer, existe un consenso entre los distintos sectores sobre este tema. Los principales líderes políticos y del sector privado se reunieron con representantes del gobierno y la misma presidenta Bachelet para suscribir una propuesta de reforma para el sector minero. La propuesta propone cambios importantes, como la postergada descentralización fiscal de los ingresos de la minería en un país donde las regalías e impuestos enriquecían solamente al gobierno central. También aumenta las tasas aplicadas a las licencias sin uso, con el fin de acabar con la especulación. Además el acuerdo llama la atención sobre la importancia de adherirse a la coalición EITI (Extractive Industry Transparency Initiative), para mejorar el rendimiento de la transparencia y mejorar la confianza entre sector privado, gobierno y sociedad civil.

Irónicamente estas iniciativas, que podrían ser percibidas como negativas por el sector privado, no partieron de la gestión progresista de la presidenta Bachelet. Todo lo contrario, es producto de un trabajo político transversal de más de un año guiado por funcionarios de la conservadora administración de Sebastián Piñera.

Desde una perspectiva amplia, los vecinos están tomando caminos separados para responder a la volatilidad de la demanda global y precio de los minerales. Mientras Chile juega a ponerse al día con Perú en términos de descentralización fiscal, le empieza a sacar ventaja en el fortalecimiento de las instituciones ambientales y la eliminación de medidas tributarias que favorezcan exclusivamente al sector. Por su parte, Perú ha empezado a relajar sus controles ambientales como un medio de atraer inversión privada en el sector con potenciales consecuencias desastrosas para el ambiente

Si los caminos siguen apartándose, lo más probable que un día el único punto en común que encuentren estos aliados del Pacífico sea la frontera definida por el tribunal de La Haya.